El gobierno federal estableció una coordinación institucional con la finalidad de acabar con la subcontratación laboral ilegal en el país. Aunque el también llamado ‘outsourcing’ tiene opciones legales, quienes recurran a dicha práctica con el fin de evadir pagos a trabajadores o al SAT podrían ser juzgados como delincuencia organizada o por defraudación fiscal, con penas hasta de 20 años de cárcel.

AMLO

Al hacer el anuncio contra este delito –contra el que participan STPS, SHCP, IMSS e Infonavit-, el presidente López Obrador indicó que más de 14 mil empresas despidieron a toda su nómina en diciembre, lo que representa 60 mil trabajadores, aunque en total fueron cesadas 380 mil personas en ese mes. El primer mandatario señaló que las irregularidades en contrataciones laborales tienen que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, por lo que exhortó a los empresarios a tener dimensión social y cumplir con los derechos de los asalariados.

STPS

Al dar a conocer la creación del grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal, la secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde estimó que hay cinco millones de personas bajo ese esquema,  y aunque no precisó cuántos trabajadores de esos cinco millones se calcula que están contratados en el marco de la ley, afirmó que se calcula que seis mil empresas incurren en subcontratación abusiva, lo que provoca una evasión de 21 mil mdp anuales.

IMSS

El director general del IMSS Zoé Robledo apuntó que ya fueron detectadas mediante operativos, entre septiembre y diciembre, mil 200 empresas con prácticas de subcontratación ilegal, que agrupan a 862 mil 489 trabajadores.

SHCP

Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de Hacienda, investigará los casos de este tipo para determinar si existe defraudación fiscal o delincuencia organizada. La reforma penal fiscal más reciente –entró en vigor el 1 de enero–, “precisamente va encaminada a castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal; es decir, tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal”, indicó el funcionario al advertir que quien contrate servicios ilegales de este tipo podría ser sancionado hasta con 14 años de prisión, mientras que quien preste el servicio ilegal, es decir, los outsourcing, podrían ser condenados hasta con 20 años.

Empresas

Las compañías de capital humano externaron su incertidumbre sobre los mecanismos que se realizarán para combatir el outsourcing irregular, ya que temen que la subcontratación, incluso la legal, sea considerada una práctica criminal.